El Decreto Ley 5 de 8 de julio de 1999 establece las normas y principios rectores que rigen todo el procedimiento arbitral en la República de Panamá.

Esta normativa prevé igualmente que las partes, en base al principio de autonomía de la voluntad, puedan dilucidar sus controversias, bajo el imperio de normas sobre arbitraje ampliamente reconocidas a nivel internacional.

Ejemplo de estas reglas aplicadas con frecuencia en los tribunales arbitrales panameños son las normas de arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, las normas de Unidroit, las del CIAC.

Nuestra Firma es partidaria del sometimiento de las controversias surgidas a raíz de una relación mercantil, en la medida de lo posible, a los procedimientos de arbitraje, esto por razón de que los mismos tienen como ventaja el reducir sustancialmente el término de duración requerido para dirimir los conflictos en la esfera judicial.

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